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El PPCV señala que “Torra y Puig son los responsables de la catalanización de la sociedad valenciana”

  • El PP trasladará al Senado una petición para que el Consejo de Ministros acuerde impedir las subvenciones a entidades que no respeten los estatutos de autonomía o la Constitución
  • Salomé Pradas: “la política educativa del Consell es puro intervencionismo político, es un calco del procés catalán”
  • Clemente denuncia que el PSOE elimina de una moción sobre la libertad educativa el papel de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos

 (Valencia 08.10.2018).- La responsable de educación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Beatriz Gascó, ha advertido hoy de que el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig y de la Generalitat catalana, Quim Torra, “son los responsables de los intentos de catalanización de la sociedad valenciana”. 

     Gascó ha recordado que Puig destina más de medio millón de euros a entidades catalanistas, y el Gobierno central “no se puede quedar de brazos cruzados” tiene que “decir algo al respecto”. “No se puede consentir que todos los valencianos estemos destinando nuestro dinero a entidades que están defendiendo ideas que no están contempladas en nuestro estatuto y que solo conllevan a la cofrontación, al caos y que quieren romper España”.

     La portavoz de educación se ha expresado en estos términos durante una comparecencia realizada junto a los senadores Salomé Pradas y Antonio Clemente para anunciar una batería de iniciativas en materia de educación, durante la cual ha señalado que “este caos en materia educativa tiene un denominador común que no es otro que el sectarismo y la falta de libertad”.

      Por ello, el PP ha anunciado que presentará una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a que no permita que se pueda destinar dinero a entidades que no respetan los estatutos de autonomía ni la Constitución, de manera que si un gobierno autonómico “persiste” el Gobierno central pueda “intervenir y retirarle las transferencias que reciben estas entidades”.   

     “Como sabemos que Puig y Torra no van a hacer nada, pedimos al presidente de todos los españoles que apruebe en Consejo de Ministros un acuerdo mediante el cual se prohíba dar subvenciones a entidades que no respetan los estatutos de autonomía o la Constitución o que, en el caso de que se produzca, se les detraiga las transferencias que reciben”.

      “Queremos que se expliquen estas subvenciones y que la gente sepa a lo que se está dedicando nuestro dinero, que no es a otra cosa que a intentar convertirnos en catalanes de segunda”, ha denunciado. 

“Intervencionismo lingüístico”

 Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Senado, Salomé Pradas, ha recordado las manifestaciones de hace un año llevaron a la calle a más de 300.000 personas para defender la libertad sin que la “comunidad educativa haya sido aún escuchada”. 

      Esta situación de “abandono” ha llevado al PP a presentar una batería de  iniciativas en materia educativa encaminadas a elegir la libertad a la hora de elegir la lengua, porque “no nos podemos quedar quietos ante la imposición lingüística en la Comunitat. Esto es puro intervencionismo, y aquí estará el PPCV de la Comunitat para frenarlo”.

  Por ello, el PP ha instado a Puig a cesar al conseller de Educación, Vicent Marzà “porque no es posible mantener ni un minuto más a un conseller que coarta libertades y que tanto daño ha hecho a la familias valencianas”. Estamos asistiendo a una política que es "un calco del proces catalán, vemos como utilizan la lengua como arma de adoctrinamiento político”.

      Así, Pradas ha explicado que el PP ha presentado una moción para proteger la libertad de los padres a la hora de escolarizar a sus hijos en una lengua u otra, una propuesta que “salió adelante con los votos del PP” y que exigía al Gobierno la libertad para elegir la lengua vehicular, y reforzar la alta inspección educativa.

         La iniciativa también plantea la apertura de oficinas de atención al ciudadano para escuchar a los españoles que se sientan afectados por las políticas de discriminación lingüística; que la Abogacía del Estado haga el seguimiento en este ámbito y que el gobierno preste asistencia jurídica y psicológica ante quien sufre la imposición de la lengua. Además pide que el Gobierno ejercite las medidas necesarias para salvaguardar la libertad que está siendo cercenada en la Comunitat Valenciana. “No es posible que los padres tengan que esperar a que los tribunales les amparen, es inaceptable que pase en un Estado de Derecho”.

       Por su parte, el senador valenciano Antonio Clemente, ha explicado que el PSOE y Comprimís han votado en contra de una moción del PP en la que se reclamaba la protección del artículo 109.2 que protegía la demanda social, la libertad educativa y, algo fundamental, la libre elección de los padres. “Es un debate entre libertad e imposición, entre libertad y autoritarismo”. 

     “Ningún padre puede sustituir la labor de los padres a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos algo que el PSOE eliminó de la moción” ha denunciado al tiempo que ha señalado que los socialistas han sacado a los padres de la política educativa. “Ninguna administración puede sustituir el papel de los padres”, ha advertido.

      Por ello, Clemente ha indicado que el PSOE “está escribiendo la última página del principio del fin de la escuela concertada, dando un paso más al acoso a este tipo de escuela” ya que elimina la libertad educativa y la libertad de los padres, una barbaridad que demuestra el grado de injerencia de los socialistas en la educación de nuestros hijos”.