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El PP reclama «herramientas para que las plantillas de policías locales no sufran una merma que pone en riesgo la seguridad»

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha reclamado que el Consell «implemente las herramientas necesarias para que las plantillas de las policías locales no sufran una merma que pone en riesgo la seguridad en muchos de los municipios de la Comunidad Valenciana».

La portavoz del Gobernación del GPP, Verónica Marcos, el presidente de la gestora del PP provincial de Valencia, Juan Ramón Adsuara y la diputada nacional, Elena Bastidas, ha mantenido un encuentro con representantes de los sindicatos policiales y alcaldes y portavoces de la Comunitat Valenciana. Durante la cita se ha puesto de manifiesto la dificultad de los ayuntamientos para poder crear nuevas plazas de policía «con el peligro que ello supone para la seguridad de los ciudadanos en aquellos municipios que tienen que atender una población flotante muy elevada».

Así, Verónica Marcos, ha lamentado que el Consell se haya planteado como «un negocio» las pruebas de acceso que deben hacer los policías locales que «les va a costar hasta 350 euros». Marcos recuerda que «no sabemos quién va a impartir esos cursos y si la afinidad política puede tener incidencia en los procesos de selección».  

Por eso el grupo parlamentario popular va a presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento para eliminar este curso por el que «se pretende hacer negocio a costa de los policías locales».

Una norma ineficaz


Los asistentes han coincidido en que la norma aprobada por el tripartito se ha revelado como «una chapuza legislativa, una ley ineficaz e insuficiente, para solventar los graves problemas de déficit de plantilla y de cobertura de efectivos policiales en los que se encuentran los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana».

La coyuntura de subida del número de vecinos y turistas en momentos puntuales como el periodo estival, las fiestas o los festivales de música, entre muchas otras cuestiones que provocan la asistencia masiva de personas a municipios de la región «proseguirán durante 2019».

Es por ello que el PPCV quiere que «se solucione de una manera real y efectiva esta problemática que es muy grave y exige de la colaboración de todos y de un Consell que gestione y no que legisle a golpe de ocurrencia como ha evidenciado esta normativa».

El Consell, a través de un decreto del pasado mes de mayo permitió que los ayuntamientos a lo largo del presente año pudieran nombrar personal funcionario interino pero «a partir del próximo 1 de enero esto ya no se podrá realizar» ha explicado Adsuara. Es por ello, que es «urgente  establecer mecanismos que permitan a los consistorios mantener el número de agentes que garanticen la seguridad».

Bastidas, por su parte, ha considerado que «la actual legislación autonómica no garantiza la seguridad de los ciudadanos a lo largo de todo el año», ya que la Ley de Coordinación de Policías Locales «no permite solucionar los déficit de plantilla».

La Comunitat Valenciana es una región eminentemente turística, ha recordado Bastidas, «por lo que hay muchos momentos en los que los municipios, tanto de interior como de costa, tienen una población muy superior a la habitual y no hay efectivos de la policía local suficientes para poder garantizar la normal convivencia».

Búsqueda de consenso


Alcaldes de todo signo político ya manifestaron su disconformidad con la nueva ley por lo que el Consell se vio obligado a aprobar un decreto-ley que permite a los ayuntamientos un pequeño margen para nombrar personal funcionario interino con la categoría de agente pero solo hasta el 31 de diciembre del presente año.

A la falta de mecanismos para mantener las plantillas de agentes de policía local hay que añadir, ha recordado Bastidas, que «en los próximos días está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la ley que permitirá jubilarse a un número significativo de policías, lo que agravará más la reducción de las plantillas que con la ley autonómica ya suponía la desaparición de 1.500 plazas de policías».

Localidades como Alfafar, Benidorm, Peñíscola, Benicàssim y muchos otros costeros y, también del interior de la Comunitat, van a sufrir una reducción de sus plantillas de hasta un 30% lo que «pone en riesgo la seguridad de sus habitantes», ha explicado Bastidas.