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El PP pide a la alcaldesa de Gandia explicaciones por las operaciones 'Enredadera' y 'Alqueria'


  • Los populares preocupados por la imagen que se ofrece de la ciudad tras saberse que la UDEF investiga ahora también la gestión de las multas y posibles cobros de comisiones por la instalación de semáforos bajo mandato socialista.
  • La UDEF investiga las irregularidades sucedidas en la empresa pública de la Diputación de Valencia.
  • El PP pide a los funcionarios que extremen las precauciones para evitar que los dirigentes del PSPV-PSOE de Gandia puedan “destruir información” o “fabricar pruebas”
4. julio. 2018.- El PP se muestra preocupado por la retahíla de presuntos casos de corrupción que afectan al PSPV-PSOE. Los populares exigen explicaciones públicas a Diana Morant por todo lo sucedido.  

Día tras día, los socialistas observan como la corrupción devora un partido carcomido por un sistema corrupto que se remonta a los inicios de la democracia cuando remitían circulares a sus cargos orgánicos para destacar la importancia que tenía para su partido el desarrollo urbanístico o la contratación pública. 

La UDEF en el marco de la “Operación Alqueria” irrumpió días  atrás en la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent, así como en viviendas de altos cargos socialistas entre los que figuraba el ex Presidente de la Diputación; y hoy sale a relucir que la UDEF en el marco de la “Operación Enredadera” investiga al Ayuntamiento de Gandia.  

La alcaldesa socialista tiene motivos para “estar en shock” como ella misma declaró a los medios de comunicación. Por un lado la UDEF se centra en su “Operación Alqueria” en la posible gestión irregular de la empresa pública de la Diputación y a nadie se le escapa que ella era la titular de empresas públicas cuando ejercicio de diputada provincial.  

Por otro lado y en el día de hoy, la UDEF abre un nuevo frente de investigación. Ahora en el marco de la “Operación Enredadera” investigan posibles ilegalidades en la adjudicación del contrato de gestión de multas, así como el posible cobro de comisiones por la instalación de semáforos bajo mandato socialista. 

Se investiga pues, el contrato relacionado con una empresa que se dedica al control de tráfico rodado, así como a la imposición de multas. Se podría estar ante sendos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.